La asignatura de Educación para la ciudadanía, nacida del think tank de la Universidad Carlos III, con Peces Barba al frente, y secundado por la Fundación CIVES, presidida por un diputado del PSOE, no son más que una acción ideológica promovida por la Masonería en España. Todos los agentes participantes en el proyecto son o simpatizan con las propuestas masónicas basadas en el relativismo historicista. Al respecto, es tremendamente clarificador el libro de Manuel Guerra titulado "La trama masónica", de la editorial STYRIA. una reciente, detallada y seria investigación sobre un fenómeno omnipresente en la vida pública mundial. Es, en realidad, la instancia esencial de configuración de la opinión pública planetaria. Se ha puesto de manifiesto (Ricardo de la Cierva, “ZP: tres años de gobierno masónico”, editorial FÉNIX) de manera explícita tal vinculacion entre masonería y Educación para la ciudadanía muy recientemente:
Es sospechosa la actitud de la editorial SM y su connivencia con el poder político actual, por otro lado, explicable a la luz de una posible vinculación de algunos de sus directivos con la Masonería. Según De la Cierva, el marianista y director general de la editorial SM, fundador y miembro de su proyecto pedagógico, el P. Javier Cortés, participó el pasado 8 de junio de la jornada ‘Masonería y Siglo XXI’ organizada por Logia Miguel Servet de Zaragoza".
Es altamente recomendable tomar conciencia de la influencia de la masonería -especialmente de la llamada "irregular", "latina", o "francesa"- en España. Como botón de muestra de su poder, baste decir que forzó al rey Alfonso XIII a exiliarse en 1931 por no aceptar su "invitación" a participar en ella. Actualmente es reconocida la presencia de la Masonería en el PSOE y ERC, en el gobierno (no menos de 3 ministros son masones) y en numerosas instituciones (incluida la Iglesia Católica, a pesar de estar expresamente prohibido por ésta). Se conoce la pertenencia masónica, por ejemplo, de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, del ex-ministro de Defensa José Bono, y del ex-director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche (los dos últimos pertenecen a la Orden Martinista Sinárquica).
En el Parlamento Europeo (foco de anticatolicismo militante) existe entre el 60-70% de diputados masones (la mayoría adscritos al socialismo) -según Josep Corominas, Gran Maestro de la Gran Logia de España (GLE) hasta marzo del 2006-. Se entiende las resoluciones y recomendaciones de esta instancia europea que promueven valores laicistas y relativistas, y su profundo rechazo de la actitud de Polonia -bastión europeo del cristianismo activo-. No olvidemos, tampoco la pretensión de que en el proyecto non nato de Constitución europea, se negara rotundamente a que apareciera mención alguna a las raíces cristianas de Europa: el masón grado 33, Valéry Giscard d'Estaing, fue el presidente de la Convención para la redacción de dicho texto.
Sería un acto de justicia y una necesidad para el bien común que se destaparan públicamente las pertenencias de autoridades y funcionarios con estas sociedades secretas -no solamente discretas, como dicen-, siguiendo los pasos dados por el gobierno de Tony Blair, que impulsó un movimiento que reclama la obligación de los masones a declarar su pertenencia a la masonería, sobre todo si son funcionarios del Estado, especialmente en la judicatura y en la policía. Más de 1.400 jueces contestaron afirmativamente....
Existen dos informes del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes: el primero titulado Freemasonry in the Police and the Judiciary fue publicado en marzo de 1997. La conclusión de dicho informe fue la de "recomendar que los policías, magistrados, jueces, fiscales fueran obligados a dar a conocer su pertenencia a cualquier sociedad secreta y que dicho registro fuera dado a conocer públicamente". Puede consultarse este primer informe en:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmhaff/577s1/has103.htm
El segundo de los informes, de 26 de Mayo de 1999 se titula Francmasonería en la vida pública, el número de jueces y magistrados masones podría llegar al 20%, el de fiscales podría ser de hasta el 48%. En todo caso, ante el silencio de muchos de los masones que no se han declarado tal ante el requerimiento gubernamental, la Comisión recomienda al Gobierno "acelerar el proceso para establecer la condición masónica de los miembros de la Policía y otras instancias del sistema judicial penal, fijando un plazo para que así se declaren". Por último, recomienda la completa publicación de la información, tanto de los que se declaran masones como de los que no, sin que permita a estos últimos evitar la publicidad pr el hecho de no querer cooperar."
El segundo informe se puede consultar en:
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmhaff/467/46703.htm
En el apartado 32 de sus Conclusiones menciona el "obsesivo secretismo" masónico como parte del problema. Considera igualmente que no cabe ampararse en el derecho a la vida privada para evitar realizar tal declaración, en el caso de los funcionarios públicos, dado que se trata de evitar el conflicto de intereses.
¿Es el poder judicial tan imparcial como se le podría exigir en España, o existen vínculos masónicos personales con otras instancias del poder, especialmente del ejecutivo?
Es imperativo para la transparencia en la vida pública de España que una medida similar se adopte respecto de todos los funcionarios del Estado y el personal laboral al servicio del mismo, no solamente en el ámbito judicial, sino en todas las áreas de la gestión pública, municipal, autonómica o nacional.
Es altamente recomendable tomar conciencia de la influencia de la masonería -especialmente de la llamada "irregular", "latina", o "francesa"- en España. Como botón de muestra de su poder, baste decir que forzó al rey Alfonso XIII a exiliarse en 1931 por no aceptar su "invitación" a participar en ella. Actualmente es reconocida la presencia de la Masonería en el PSOE y ERC, en el gobierno (no menos de 3 ministros son masones) y en numerosas instituciones (incluida la Iglesia Católica, a pesar de estar expresamente prohibido por ésta). Se conoce la pertenencia masónica, por ejemplo, de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, del ex-ministro de Defensa José Bono, y del ex-director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche (los dos últimos pertenecen a la Orden Martinista Sinárquica).
En el Parlamento Europeo (foco de anticatolicismo militante) existe entre el 60-70% de diputados masones (la mayoría adscritos al socialismo) -según Josep Corominas, Gran Maestro de la Gran Logia de España (GLE) hasta marzo del 2006-. Se entiende las resoluciones y recomendaciones de esta instancia europea que promueven valores laicistas y relativistas, y su profundo rechazo de la actitud de Polonia -bastión europeo del cristianismo activo-. No olvidemos, tampoco la pretensión de que en el proyecto non nato de Constitución europea, se negara rotundamente a que apareciera mención alguna a las raíces cristianas de Europa: el masón grado 33, Valéry Giscard d'Estaing, fue el presidente de la Convención para la redacción de dicho texto.
Sería un acto de justicia y una necesidad para el bien común que se destaparan públicamente las pertenencias de autoridades y funcionarios con estas sociedades secretas -no solamente discretas, como dicen-, siguiendo los pasos dados por el gobierno de Tony Blair, que impulsó un movimiento que reclama la obligación de los masones a declarar su pertenencia a la masonería, sobre todo si son funcionarios del Estado, especialmente en la judicatura y en la policía. Más de 1.400 jueces contestaron afirmativamente....
Existen dos informes del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes: el primero titulado Freemasonry in the Police and the Judiciary fue publicado en marzo de 1997. La conclusión de dicho informe fue la de "recomendar que los policías, magistrados, jueces, fiscales fueran obligados a dar a conocer su pertenencia a cualquier sociedad secreta y que dicho registro fuera dado a conocer públicamente". Puede consultarse este primer informe en:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmhaff/577s1/has103.htm
El segundo de los informes, de 26 de Mayo de 1999 se titula Francmasonería en la vida pública, el número de jueces y magistrados masones podría llegar al 20%, el de fiscales podría ser de hasta el 48%. En todo caso, ante el silencio de muchos de los masones que no se han declarado tal ante el requerimiento gubernamental, la Comisión recomienda al Gobierno "acelerar el proceso para establecer la condición masónica de los miembros de la Policía y otras instancias del sistema judicial penal, fijando un plazo para que así se declaren". Por último, recomienda la completa publicación de la información, tanto de los que se declaran masones como de los que no, sin que permita a estos últimos evitar la publicidad pr el hecho de no querer cooperar."
El segundo informe se puede consultar en:
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmhaff/467/46703.htm
En el apartado 32 de sus Conclusiones menciona el "obsesivo secretismo" masónico como parte del problema. Considera igualmente que no cabe ampararse en el derecho a la vida privada para evitar realizar tal declaración, en el caso de los funcionarios públicos, dado que se trata de evitar el conflicto de intereses.
¿Es el poder judicial tan imparcial como se le podría exigir en España, o existen vínculos masónicos personales con otras instancias del poder, especialmente del ejecutivo?
Es imperativo para la transparencia en la vida pública de España que una medida similar se adopte respecto de todos los funcionarios del Estado y el personal laboral al servicio del mismo, no solamente en el ámbito judicial, sino en todas las áreas de la gestión pública, municipal, autonómica o nacional.
