Educación para la ciudadanía (EpC)

No suena mal, la verdad, que en una sociedad con tantos problemas de rendimiento escolar, de excesos cerveceros, botellones y pastis coloradas, el gobierno piense que hay que educar a los chicos para que sean buenos ciudadanos. Las mentes gubernamentales han diseñado varias asignaturas de obligada implantación en primaria y secundaria, todas ellas evaluables, que van a ir incorporándose a los planes de estudio autonómicos progresivamente. Pero, ¿qué hay detrás del seductor nombre que engloba dichas disciplinas? Si leemos las directrices básicas y el desarrollo que autonomías como Andalucía están dando a aquéllas, creo que podemos tirarnos del pelo, de la lengua, o de cualquier otra parte menos púdica, al comprobar que quieren adoctrinar a nuestros infantes y adolescentes. Sí, adoctrinar. Y tal riesgo no es un análisis ideológico porque tal riesgo ha sido detectado por el Dictamen del Consejo de Estado.

A pesar del nombre, los contenidos son meridianos: se trata de una ideología concreta, que renueva postulados neomarxistas, los agita con jugos freudianos, dándoles un cierto y sabroso toque relativista. No hablan de la verdad, el bien, la justicia y de su carácter universal, sino de que, justamente, cual Pilatos, ante tales realidades solamente cabría preguntar: pero...¿qué es la verdad?

En definitiva, palabras aceptables y contenidos inaceptables: contenidos de apariencia bondadosa y positiva que esconden una moral relativista, una negación de la existencia de la verdad y el bien. Es un canto a la omnipotencia moral del niño o joven, a los que se les inculca un modo de entender la realidad donde Dios parece no tener hueco. Decía Francis Bacon, que un poco de Filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero profundizar en ella conduce a la religión. Un poco de –mala y facilona- filosofía que obedece al llamado “pensamiento débil” de la postmodernidad, es el alimento espiritual que quieren forzosamente dar de comer a nuestros niños y adolescentes mediante dichas asignaturas. Claro que el valor del esfuerzo y de la adquisición de las virtudes puede llegar a ser impopular: pan y circo han sido siempre una buena fórmula para el populacho. Pero, ¿y después? No parecen pensar nuestros actuales gobernantes en el futuro personal, familiar y profesional de estos menores que van a ser víctimas de los arrebatos jacobinos de ZP. Solamente les interesa el poder a cualquier precio, aunque ello vaya en detrimento de la ciudadanía.

La coartada europea es fácil recurso que, parece, deja sin argumentos a los oponentes a la EpC. Pero si examinamos el documento de la Comisión Europea sobre la situación en los países comunitarios de dicha asignatura, sacaremos una clarísima conclusión: no existe un modelo único, ni en contenidos, ni en método, ni en sistema de valoración, ni en los materiales, ni en la duración, de la llamada EpC. El documento está disponible en español:

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=055EN

La EpC no es la solución ni en el fondo ni en la forma. Constituye, además, una indudable vulneración del derecho de los padres a la educación de sus hijos y el deber de neutralidad del Estado (arts. 27.3 y 16.3 de la Constitución española) ya que impone una concreta moral de Estado, usurpa la exclusiva competencia de los padres en la educación moral de sus hijos y crea futuros ciudadanos fácilmente manipulables, al introducir la suprema autonomía moral de los hijos menores respecto de los padres.

Ante tales atropellos, y a la vista de la falta de diálogo ministerial, solamente están dejando una salida a las personas honradas, conscientes de sus derechos: la objeción de conciencia de padres, alumnos menores con madurez suficiente, centros educativos, y en el caso de los profesores, la invocación de su libertad de cátedra. Seguirán estando dentro de la legalidad, y al mismo tiempo, dejarán en evidencia la ilegalidad suprema de la conducta impositiva de un gobierno dispuesto a romper la Constitución, el consenso social y la familia.

La Constitución de 1978 como obstáculo: programa de un sabotaje

No todo cambio sustancial es revolucionario. Revolución es discontinuidad, ruptura, fractura violenta (y en ocasiones también cruenta). La transición española y su fruto primordial, la Constitución de 1978, no fue, en tal sentido, una revolución, a diferencia de la Constitución de 1931, que supuso la plasmación jurídica de una violenta ruptura institucional, que poco tiempo después llegaría a ser cruenta.

Cierto socialismo iluminado español –en connivencia con nacionalismos radicales- ha demostrado recientemente un inusitado y llamativo desprecio por la Constitución de 1978, de intensidad similar al entusiasmo desbordante, del que existe constancia, que le embargó tras la aprobación de la Constitución republicana. Surge casi inmediatamente la pregunta de cómo es posible tanto interés en la defensa de una Constitución –la del 31, de la que solo se mencionan sus bondades, sin apenas hablar de sus tropelías jurídicas atentatorias de las libertades más primarias- y tanto desdén por uno de los mayores logros sociales de la reciente Historia de la convivencia en España, la Constitución de 1978.

A mi juicio, no es, desde luego, el carácter monárquico de nuestro actual sistema político –algo menor para dichos iluminados, y en todo caso, tolerable mientras el monarca no se oponga a sus pretensiones- y su confesada simpatía por la república. Tampoco hemos de buscar el motivo en el modelo de distribución del poder, especialmente entre la Administración General y la autonómica, que ha buscado un cierto reconocimiento de las diversidades en el ámbito político. El sabotaje de la Constitución del 78 desde el propio gobierno coincide, en sus motivaciones, con el intento de revolución institucional que supuso la instauración de la Constitución republicana. En 1931 lo verdaderamente revolucionario, más que la instauración del sistema republicano, fue el establecimiento de un sistema que permitía al nuevo Estado laico recuperar el control de las conciencias, aplastando la enseñanza católica (prohibición constitucional de los jesuitas, y abrogación de la libertad de enseñanza del resto de órdenes religiosas), y en general, la presencia pública de la religión. En definitiva, apropiarse indebidamente del espacio público para instruir a los españoles con una nueva doctrina que tan buenos resultados había ya dado en otros países para su total sometimiento al sistema, eso sí, bajo el eslogan democrático y la bandera de la libertad. El resultado de tal intento de arrinconamiento de la Iglesia y de sus fieles –por otro lado, una mayoría social- y la pretensión de imposición violenta de su doctrina dio lugar a una interminable lista de arbitrariedades, desmanes e injusticias, extirpadas prácticamente de la conciencia histórica de los españoles.

La Constitución del 78 cristalizó el reconocimiento de los derechos de todos –personas físicas y jurídicas- en condiciones de igualdad, con independencia de su religión, al mismo tiempo que reconoció la importancia social e histórica de la Iglesia Católica –especialmente respecto de otras minoritarias-. Tal expresión de una realidad social indudable –que aún se mantiene a pesar de la propaganda en contrario- elevada a norma jurídica básica es sustancialmente contraria al programa revolucionario del socialismo iluminado. Plantearse un salto hacia delante en la construcción del nuevo paraíso mediante la reforma constitucional resultaba imposible: difícilmente la mayoría de los españoles mostrarían su acuerdo para tal proyecto. Si el Derecho no es posible, acudamos al hecho consumado. Hay que reconocer que su audacia para apelar al hecho consumado como método de ruptura e imposición no tiene límites. Me pregunto, eso sí, con qué apoyos fácticos contarán para atreverse a sabotear nuestra norma básica. Nuestro sistema da la palabra última en la materia al Tribunal Constitucional, y sinceramente, a la vista de los hechos, flaquea cada vez más mi esperanza de que sea dicha institución la que frene el sabotaje constitucional ejecutado por el gobierno.

La verdadera revolución contemporánea tiene su sede en la conciencia de las personas, tesoro del que ávidamente quieren apoderarse ismos y sectas. La política revolucionaria no tiene como pretensión última una nueva distribución del poder político entre el Estado y las autonomías. Este es el primer paso para la instauración de miniestados en que los ciudadanos sean más fácilmente sometibles a los dictados del programa totalitario. Y a los que no se dejen siempre se les permitirá el exilio, y si osan permanecer, su ridiculización pública, cuando no el mero ostracismo.

Dialéctica de la aniquilación

Es frecuente que el gobernante incapaz intente apartar los ojos de los ciudadanos del fracaso de sus políticas, y apunte con dedo arrogante al enemigo, logrando de esta forma desviar iras y malestares, y salvar temporalmente su pellejo.

La izquierda española, por obra de sus actuales cabecillas, no parece haberse emancipado definitivamente del marxismo antihistórico, cuya dialéctica de aniquilación del enemigo político quiere imponerse, con la inestimable ayuda de grupos mediáticos y cerebros congestionados de revanchismo, poco sospechosos de imparcialidad.

Es signo de decadencia política –y moral- que en democracia el gobernante anatemice al disidente o rival. Pero es un error craso e histórico poner todo el afán en la expulsión del sistema del partido que permite el mantenimiento del sistema mismo.

El partido gobernante parece desear el sistema de partido único. En algo parecen haber abandonado el marxismo: en el uso de la violencia para acceder al poder y mantenerlo… ¿o quizás tampoco? Alguna voluntaria fusilera ya ha desvelado sus oscuros deseos, quizás compartidos por otros titiriteros, amateurs de las rosas blancas y algunos mentecatos abonados a la subvención.