Educación para la masonería

La asignatura de Educación para la ciudadanía, nacida del think tank de la Universidad Carlos III, con Peces Barba al frente, y secundado por la Fundación CIVES, presidida por un diputado del PSOE, no son más que una acción ideológica promovida por la Masonería en España. Todos los agentes participantes en el proyecto son o simpatizan con las propuestas masónicas basadas en el relativismo historicista. Al respecto, es tremendamente clarificador el libro de Manuel Guerra titulado "La trama masónica", de la editorial STYRIA. una reciente, detallada y seria investigación sobre un fenómeno omnipresente en la vida pública mundial. Es, en realidad, la instancia esencial de configuración de la opinión pública planetaria. Se ha puesto de manifiesto (Ricardo de la Cierva, “ZP: tres años de gobierno masónico”, editorial FÉNIX) de manera explícita tal vinculacion entre masonería y Educación para la ciudadanía muy recientemente:

http://www.edicionescatolicas.com/articulo3.asp?Id=1604

Es sospechosa la actitud de la editorial SM y su connivencia con el poder político actual, por otro lado, explicable a la luz de una posible vinculación de algunos de sus directivos con la Masonería. Según De la Cierva, el marianista y director general de la editorial SM, fundador y miembro de su proyecto pedagógico, el P. Javier Cortés, participó el pasado 8 de junio de la jornada ‘Masonería y Siglo XXI’ organizada por Logia Miguel Servet de Zaragoza".

Es altamente recomendable tomar conciencia de la influencia de la masonería -especialmente de la llamada "irregular", "latina", o "francesa"- en España. Como botón de muestra de su poder, baste decir que forzó al rey Alfonso XIII a exiliarse en 1931 por no aceptar su "invitación" a participar en ella. Actualmente es reconocida la presencia de la Masonería en el PSOE y ERC, en el gobierno (no menos de 3 ministros son masones) y en numerosas instituciones (incluida la Iglesia Católica, a pesar de estar expresamente prohibido por ésta). Se conoce la pertenencia masónica, por ejemplo, de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, del ex-ministro de Defensa José Bono, y del ex-director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche (los dos últimos pertenecen a la Orden Martinista Sinárquica).

En el Parlamento Europeo (foco de anticatolicismo militante) existe entre el 60-70% de diputados masones (la mayoría adscritos al socialismo) -según Josep Corominas, Gran Maestro de la Gran Logia de España (GLE) hasta marzo del 2006-. Se entiende las resoluciones y recomendaciones de esta instancia europea que promueven valores laicistas y relativistas, y su profundo rechazo de la actitud de Polonia -bastión europeo del cristianismo activo-. No olvidemos, tampoco la pretensión de que en el proyecto non nato de Constitución europea, se negara rotundamente a que apareciera mención alguna a las raíces cristianas de Europa: el masón grado 33, Valéry Giscard d'Estaing, fue el presidente de la Convención para la redacción de dicho texto.

Sería un acto de justicia y una necesidad para el bien común que se destaparan públicamente las pertenencias de autoridades y funcionarios con estas sociedades secretas -no solamente discretas, como dicen-, siguiendo los pasos dados por el gobierno de Tony Blair, que impulsó un movimiento que reclama la obligación de los masones a declarar su pertenencia a la masonería, sobre todo si son funcionarios del Estado, especialmente en la judicatura y en la policía. Más de 1.400 jueces contestaron afirmativamente....

Existen dos informes del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes: el primero titulado Freemasonry in the Police and the Judiciary fue publicado en marzo de 1997. La conclusión de dicho informe fue la de "recomendar que los policías, magistrados, jueces, fiscales fueran obligados a dar a conocer su pertenencia a cualquier sociedad secreta y que dicho registro fuera dado a conocer públicamente". Puede consultarse este primer informe en:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmhaff/577s1/has103.htm

El segundo de los informes, de 26 de Mayo de 1999 se titula Francmasonería en la vida pública, el número de jueces y magistrados masones podría llegar al 20%, el de fiscales podría ser de hasta el 48%. En todo caso, ante el silencio de muchos de los masones que no se han declarado tal ante el requerimiento gubernamental, la Comisión recomienda al Gobierno "acelerar el proceso para establecer la condición masónica de los miembros de la Policía y otras instancias del sistema judicial penal, fijando un plazo para que así se declaren". Por último, recomienda la completa publicación de la información, tanto de los que se declaran masones como de los que no, sin que permita a estos últimos evitar la publicidad pr el hecho de no querer cooperar."

El segundo informe se puede consultar en:

http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmselect/cmhaff/467/46703.htm

En el apartado 32 de sus Conclusiones menciona el "obsesivo secretismo" masónico como parte del problema. Considera igualmente que no cabe ampararse en el derecho a la vida privada para evitar realizar tal declaración, en el caso de los funcionarios públicos, dado que se trata de evitar el conflicto de intereses.

¿Es el poder judicial tan imparcial como se le podría exigir en España, o existen vínculos masónicos personales con otras instancias del poder, especialmente del ejecutivo?

Es imperativo para la transparencia en la vida pública de España que una medida similar se adopte respecto de todos los funcionarios del Estado y el personal laboral al servicio del mismo, no solamente en el ámbito judicial, sino en todas las áreas de la gestión pública, municipal, autonómica o nacional.

El poder tapa sus escándalos

Resulta inaudita la desfachatez con la que en España ciertos políticos e instituciones mezclan el interés público y su ánimo de lucro. El uso interesado del poder público, de los mecanismos y las instituciones del Estado está llegando a límites similares a los de los mejores tiempos del felipismo. Los escándalos se suceden y el asalto al poder de las empresas importantes de España para colocar a los afines no cesa. Pero el imperio mediático-prisáico acompaña y el propio gobierno se ha convertido en provocador de noticias que interesadamente se desencadenan cuando se trata de aminorar el impacto de sus tropelías y desvergüenzas. Detenciones nocturnas de personajes famosos, operaciones malayas –surgirán las indonesias, indias y del África subtropical-, afinsas, presuntos delitos –que luego los tribunales desmienten- urbanísticos, detenciones ilegales de ciudadanos del partido de la oposición… ¡Qué afán tan desmedido de poder! ¡Qué poco interés en la verdad!

La Constitución de 1978 como obstáculo: programa de un sabotaje

No todo cambio sustancial es revolucionario. Revolución es discontinuidad, ruptura, fractura violenta (y en ocasiones también cruenta). La transición española y su fruto primordial, la Constitución de 1978, no fue, en tal sentido, una revolución, a diferencia de la Constitución de 1931, que supuso la plasmación jurídica de una violenta ruptura institucional, que poco tiempo después llegaría a ser cruenta.

Cierto socialismo iluminado español –en connivencia con nacionalismos radicales- ha demostrado recientemente un inusitado y llamativo desprecio por la Constitución de 1978, de intensidad similar al entusiasmo desbordante, del que existe constancia, que le embargó tras la aprobación de la Constitución republicana. Surge casi inmediatamente la pregunta de cómo es posible tanto interés en la defensa de una Constitución –la del 31, de la que solo se mencionan sus bondades, sin apenas hablar de sus tropelías jurídicas atentatorias de las libertades más primarias- y tanto desdén por uno de los mayores logros sociales de la reciente Historia de la convivencia en España, la Constitución de 1978.

A mi juicio, no es, desde luego, el carácter monárquico de nuestro actual sistema político –algo menor para dichos iluminados, y en todo caso, tolerable mientras el monarca no se oponga a sus pretensiones- y su confesada simpatía por la república. Tampoco hemos de buscar el motivo en el modelo de distribución del poder, especialmente entre la Administración General y la autonómica, que ha buscado un cierto reconocimiento de las diversidades en el ámbito político. El sabotaje de la Constitución del 78 desde el propio gobierno coincide, en sus motivaciones, con el intento de revolución institucional que supuso la instauración de la Constitución republicana. En 1931 lo verdaderamente revolucionario, más que la instauración del sistema republicano, fue el establecimiento de un sistema que permitía al nuevo Estado laico recuperar el control de las conciencias, aplastando la enseñanza católica (prohibición constitucional de los jesuitas, y abrogación de la libertad de enseñanza del resto de órdenes religiosas), y en general, la presencia pública de la religión. En definitiva, apropiarse indebidamente del espacio público para instruir a los españoles con una nueva doctrina que tan buenos resultados había ya dado en otros países para su total sometimiento al sistema, eso sí, bajo el eslogan democrático y la bandera de la libertad. El resultado de tal intento de arrinconamiento de la Iglesia y de sus fieles –por otro lado, una mayoría social- y la pretensión de imposición violenta de su doctrina dio lugar a una interminable lista de arbitrariedades, desmanes e injusticias, extirpadas prácticamente de la conciencia histórica de los españoles.

La Constitución del 78 cristalizó el reconocimiento de los derechos de todos –personas físicas y jurídicas- en condiciones de igualdad, con independencia de su religión, al mismo tiempo que reconoció la importancia social e histórica de la Iglesia Católica –especialmente respecto de otras minoritarias-. Tal expresión de una realidad social indudable –que aún se mantiene a pesar de la propaganda en contrario- elevada a norma jurídica básica es sustancialmente contraria al programa revolucionario del socialismo iluminado. Plantearse un salto hacia delante en la construcción del nuevo paraíso mediante la reforma constitucional resultaba imposible: difícilmente la mayoría de los españoles mostrarían su acuerdo para tal proyecto. Si el Derecho no es posible, acudamos al hecho consumado. Hay que reconocer que su audacia para apelar al hecho consumado como método de ruptura e imposición no tiene límites. Me pregunto, eso sí, con qué apoyos fácticos contarán para atreverse a sabotear nuestra norma básica. Nuestro sistema da la palabra última en la materia al Tribunal Constitucional, y sinceramente, a la vista de los hechos, flaquea cada vez más mi esperanza de que sea dicha institución la que frene el sabotaje constitucional ejecutado por el gobierno.

La verdadera revolución contemporánea tiene su sede en la conciencia de las personas, tesoro del que ávidamente quieren apoderarse ismos y sectas. La política revolucionaria no tiene como pretensión última una nueva distribución del poder político entre el Estado y las autonomías. Este es el primer paso para la instauración de miniestados en que los ciudadanos sean más fácilmente sometibles a los dictados del programa totalitario. Y a los que no se dejen siempre se les permitirá el exilio, y si osan permanecer, su ridiculización pública, cuando no el mero ostracismo.